Columna de Carlos Marín
Nadie con elemental sentido común se opone a una reforma del Poder Judicial.
Empezando por los jueces, magistrados y ministros, los más avezados en el tema coinciden en que la justicia que se imparte en México nada tiene de “pronta y expedita”.
Lo que preocupa y se cuestiona es la iniciativa presidencial, porque está muy lejos de resolver los problemas de injusticia y solo se refiere, insuficientemente y mal, a su impartición, olvidándose de su procuración.
Tan simple y demagógica es que parte del injurioso y falaz diagnóstico de que el Poder Judicial (sobre todo el federal) “está podrido por la corrupción” y ofrece como panacea la “elección popular” de juzgadores sobre el cándido supuesto de que “el pueblo es sabio y nunca se equivoca”.
“Ya ni hablemos del Consejo de la Judicatura”, dijo ayer.
“Ese es un florero, está de adorno”, calumnió, y resbaló:
“¿Y qué cosa es lo que está pasando con los jueces? Que tienen muchísimo poder, pero en exceso. No hay ningún control. Hablando de los contrapesos, no tienen ningún contrapeso…”.
Miente:
De 2018 a 2023, con la reforma que promovió el ex ministro Arturo Zaldívar en 2020, pero mejorada en la gestión de Norma Lucía Piña, el Consejo de la Judicatura Federal ha aplicado 9 mil 284 medidas entre requerimientos, solicitudes, indicaciones preventivas, observaciones y recomendaciones correctivas y atendido mil 577 quejas y denuncias (a través de su Visitaduría), según informó en San Lázaro la ex jueza y consejera Lilia Mónica Pérez Benítez el 27 de junio (y detallado conmigo lunes y martes pasados en El asalto… de MILENIO Tv).
Y la Comisión de Disciplina, en el mismo lapso, ejecutó 475 destituciones, inhabilitaciones, suspensiones, amonestaciones y apercibimientos públicos o privados, así como 108 diferentes medidas cautelares.
Lo menos objetable de la iniciativa de AMLO es la separación de la presidencia de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura, pero es deplorable la creación de un Tribunal de Disciplina para sancionar a jueces, magistrados y ministros cuyos fallos sean “contrarios al interés público”. Tan subjetivo y vasto es el enunciado que en el mismo cabe el trazo de una carretera que la violación a los derechos humanos de una sola persona.
Según AMLO, los recién egresados de las universidades podrán ocupar los puestos de aproximadamente 7 mil juzgadores actuales (entre federales y estatales):
“¿Y por qué no los jóvenes? ¿Por qué no darles la oportunidad en esta tarea de purificar la vida pública?”, se preguntó y arguyó:
“Cuando hablan de experiencia, yo ahí tengo mis dudas porque, entre más experiencia, aprenden también más trucos, más mañas. En cambio, un joven que está saliendo ilusionado, un idealista del derecho con deseos de impartir justicia, de no corromperse, es una garantía”.
Ajá: jóvenes “construyendo el futuro”… como los que recluta la delincuencia organizada.
