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Columna de Carlos Marín
Sabedores de que su propuesta de reforma del Poder Judicial es tan endeble y peligrosa que no resiste los sencillos, pero sólidos argumentos de sus detractores, el presidente López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum cometen la nada republicana y majadera insensatez de rechazar la invitación a dialogar que les hizo la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
Arguyen que el tema está en manos del Congreso (copado por sus incondicionales mayorías).
Parafraseando a García Márquez, quien del “realismo mágico” de su literatura decía que no había inventado nada, sino solo “quitado a la realidad lo que le estorbaba”, si al debate sobre la reforma del Poder Judicial se le quita la bazofia, lo que queda puede verse con diáfana claridad: lejos de resolver, pudre todavía más la crónica injusticia que se padece en México.
El problema de fondo es que no se toca un pelo a las fiscalías, los servicios periciales, el sistema carcelario y otros cánceres, pero esparce la patraña de que la elección popular de jueces, magistrados y ministros resolverá las inocultables deficiencias de la impartición de justicia.
Dos de los más cacareados reproches al Poder Judicial son las liberaciones de probables y seguros delincuentes; que algunas órdenes de excarcelación se hagan en fines de semana, y que los ministros ganen (en efectivo) más que el Presidente, cuando los procesos penales tienen como base los recursos legales aprobados por el Congreso, que en sábado y domingo también se trabaja en tribunales y que las percepciones en la Corte están protegidos por el derecho laboral.
El ángulo más débil de la iniciativa es el cuentazo de que la injusticia se concentra en el Poder Judicial de la Federación, siendo que los principales reclamos de la sociedad se refieren a litigios locales del orden común.
“La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”, clamó Piña en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, donde reconoció que se debe reformar el Poder que encabeza (sobre todo separar al Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte), pero sin contaminación de “los vaivenes de la política”.
Si la reforma se aprueba como se propone, advirtió, “ya no llegará la persona más calificada al puesto, la que pasó años estudiando, preparándose para concursar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder que, irónicamente, es uno los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar”.
Es por eso que, en vez de dinamitar al actual Poder Judicial, debieran colocarse en el centro de la discusión los derechos de las víctimas…
CON INFORMACIÓN DE MILENIO