Columna de Carlos Marín
Lo que el presidente López Obrador no le perdona a la Suprema Corte de Justicia es haber negado el ilegal pilón de dos años al frente del Poder Judicial de la Federación a su camarada Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y anulado leyes aviesamente inconstitucionales palomeadas por sus mayorías diputadiles y senatoriales.
En ambos casos, sin embargo, el máximo tribunal cumplió su función esencial: hacer valer la Constitución.
Vendida como panacea para que haya justicia pronta y expedita “para el pueblo”, su iniciativa de reforma judicial se equivoca de objetivo, porque la generalizada percepción contra nuestro lamentable sistema de justicia tiene que ver más con los litigios del fuero común (homicidios, asaltos, fraudes, divorcios, violencia intrafamiliar, herencias…) que se ventilan en las instancias judiciales locales de las 32 entidades federativas, que con la defensa de los derechos humanos contra la autoridad que procesa el Poder Judicial Federal, cuya punta, la Suprema Corte, resuelve controversias constitucionales entre poderes y acciones contra leyes inconstitucionales.
Importa tener en cuenta la materia de los dos ámbitos, porque la propuesta presidencial no busca “justicia”, sino neutralizar y chatarrizar el contrapeso republicano a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Si de corregir en serio la impartición de justicia se tratara, lo procedente no es la contraproducente “elección popular” de jueces, magistrados y ministros, sino la explicablemente costosa modernización de los tribunales locales, comenzando por la contratación de personal suficiente, porque en México hay cinco juezas o jueces por cada 100 mil habitantes mientras el estándar internacional es 25, así como la tecnificación, creación y remodelación de los juzgados.
Pese al compromiso inicial de la próxima presidenta de debatir en foros la iniciativa, en estos nada más “se escucharán” objeciones y desde hoy se difundirán los previsibles resultados de las populistas encuestas.
¿Quién opinará bien de todo tipo de juzgadores en abstracto?
“Ustedes conocen nuestra posición sobre la elección de jueces, magistrados, ministros —dice Claudia Sheinbaum. Lo hablamos en la campaña, la pusimos a votación (…). Mi opinión también es que deben elegirse los jueces…”.
Con el ensoberbecido morenismo poselectoral, las encuestas de Morena son una burla porque, como azuzó también la doctora, “se tiene una percepción de corrupción” en el Poder judicial, por lo que “tiene que avanzar la reforma…”.
En el orden federal, ¿sabrán los consultados que los 11 ministros del pleno de la Corte (que se propone limitarlo a nueve) resuelven como 5 mil casos al año y que por improcedentes descartan alrededor de 10 mil? ¿O que los juzgados de distrito y tribunales de circuito reciben un millón 400 mil asuntos aproximadamente en ese lapso?
Pues aunque lo supieran, como tampoco el bochornoso caso Zaldívar, eso nada tiene que ver en absoluto con el genuino reclamo social de justicia…
CON INFORMACIÓN DE MILENIO
