El día martes, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos extendió hasta el siguiente lunes el bloqueo temporal en la aplicación de la ley de Texas que deja que las autoridades policíacas detengan y expulsen a los migrantes sospechosos de entrar ilegalmente al país.
La legislación es conocida como SB4 y este es otro ingrediente que confronta al gobierno del estado de Texas con el Gobierno Federal de Joe Biden, y que por ley cuenta con jurisdicción sobre la inmigración.
Esta ley fue aprobada el año pasado por la Legislatura de Texas y debió entrar en vigencia el día 5 de marzo y es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas que se han dado en la historia de los Estados Unidos.
A finales del mes de febrero en Texas, un magistrado federal aplazó la entrada en vigor de la medida luego de una demanda de muchas organizaciones y el condado de El Paso en el estado, que alegan que la ley es inconstitucional porque las autoridades locales no cuentan con jurisdicción para tomar medidas en materia migratoria.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tiró la decisión del magistrado y llevó la batalla legal a la instancia de la Corte Suprema y la legislación tuvo que haber entrado en vigor el día 9 de marzo.
LEE MÁS: Donald Trump paga fianza de 92 mdd tras caso de difamación
Plazo para detener medida contra migrantes
La ley, aprobada el año pasado por la Legislatura de Texas y que debió entrar en vigencia el 5 de marzo, es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos.
— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) March 13, 2024
Como respuesta a una solicitud de emergencia que fue presentada por el Gobierno de Biden, el juez del Supremo, Samuel Alito dio una orden inicial de bloqueo que tuvo de plazo hasta el día miércoles para que los magistrados de la Corte Suprema adjudiquen esta nueva disputa legal entre Texas y el Gobierno federal.
Ese plazo se extendió ahora hasta el día 18 de marzo, y este permitirá a los magistrados decidir si van a continuar con el bloqueo o dejan que este entre en vigor.
Esta ley convierte en un delito menor que un extranjero entre o intente entrar al estado desde una nación extranjera de manera irregular y la falta se vuelve un crimen grave y punible hasta con 20 años de prisión si el infractor es reincidente.